El necesario consenso para la sostenibilidad de las pensiones
El debate de las pensiones está sobre la mesa… y también en la calle con las manifestaciones. Y cada vez lo va a estar más, debido al progresivo envejecimiento de la población y en consecuencia el creciente peso del colectivo de jubilados en España.
El problema es que para muchos políticos ese peso se mide en votos, y ello puede llevar a tomar decisiones cortoplacistas, en vez de decisiones de calado y previamente consensuadas con la mayoría de grupos políticos para asegurarse que el sistema público de pensiones pueda ser sostenible en el tiempo.
Precisamente para esto – para sacar las pensiones del “debate” electoral – se formó en 1995 la comisión del “Pacto de Toledo”, con representación de todos los grupos políticos para intentar conseguir algo tan necesario como difícil hoy en día: el consenso que permita estabilidad en el tiempo de las medidas que se adoptaran, en vez de estar cambiando en cada legislatura en función del partido que gobierne en cada momento. Sin embargo, desde entonces ninguna de las grandes reformas se ha aprobado por consenso.
Nuevo paquete de medidas sociales
El pasado día 28 de diciembre el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley de Medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Destacamos 3 puntos de estas medidas:
1. revalorización de las pensiones públicas, (consultar cuadro con las pensiones mínimas 2019)
2. mejora de la protección de los autónomos, para intentar equipararlos cada vez más a los trabajadores por cuenta ajena,
3. y otras medidas laborales, como la relativa a la ya llamada “jubilación obligatoria”, que consiste en la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los Convenios colectivos puedan establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo cuando, habiendo cumplido la edad legal de jubilación se tenga derecho al 100% de la pensión de jubilación, buscando reducir el desempleo de los jóvenes y el rejuvenecimiento de las plantillas.
Revalorización de la pensiones
Centrándonos en este artículo en el primero de los tres puntos, el Ejecutivo aplicará el 1 de enero 2019 una revalorización inicial del 1,6% a las pensiones contributivas del Sistema y del 3% para las otras (las mínimas, las del SOVI y no contributivas). Además, antes de abril abonará “una paguilla” adicional por la diferencia entre la revalorización aplicada del 1,6% en el 2018 y la que finalmente ha resultado en estos últimos 12 meses del 1,7%.
De esta manera se elimina la medida aprobada por el anterior Ejecutivo de aplicar un límite máximo del 0,25% a la revalorización de las pensiones aquellos años en que el sistema público de pensiones tuviera déficit, medida por la cual entre el año 2014 y julio de 2018 la subida de las pensiones estuvo limitada al 0,25%.
Por el contrario, persiguen vincular de manera “indefinida” las pensiones a la evolución del IPC. Es decir, volver prácticamente a como esta antes de la crisis, dado que durante la crisis todos recordamos que se llegaron a congelar. Y decimos “prácticamente” porque la referencia no sería la subida del IPC del año anterior, sino la subida “media”, cosa que atempera un poco esta alza.
Financiación de estas medidas
Estas medidas son lógicamente bien acogidas entre los muchos que se van a beneficiar de ellas, pero también plantea interrogantes, dado que en este Real Decreto solo se ha especificado todo lo que se va a otorgar con cargo al erario público, pero sin embargo no se habla sobre cómo se va a financiar. Solo la primera medida citada, referente a la revalorización de las pensiones, afectará a 10,3 millones de pensiones públicas, y supondrá un coste de 2.592 millones de euros. La nómina de las pensiones va a incrementarse considerablemente. Ello implicará tener que tomar medidas para mantener la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, bien incrementando ingresos (vía incremento de impuestos y/o de las
cotizaciones, a costa del bolsillo de los trabajadores) o bien reduciendo los gastos del sistema.
El Gobierno se ha limitado a indicar que en los próximos meses hará sus mejores esfuerzos para diseñar un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice tanto por una parte el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, como por otra la sostenibilidad financiera del sistema público de la Seguridad Social.
Pero ¿Realmente se consigue un mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones?
El Ejecutivo anuncia – en un marcado tono electoralista – que esta medida es para mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
Sin embargo, salta por alto intencionadamente que no van a tocar la otra medida aprobada por el anterior gobierno en 2013 que afectaba al futuro poder adquisitivo de las pensiones: el denominado “Factor de Sostenibilidad”, que ajustará las pensiones de los que se jubilen en función de su esperanza de vida. En principio estaba previsto a partir de enero 2019, pero el Gobierno retrasó la aplicación de dicho factor de sostenibilidad hasta el año 2023.
Los expertos han calibrado esta medida en una significativa reducción de las pensiones futuras, que supondrá bajar la denominada “tasa de reemplazo”, esto es, el porcentaje que representará como media la pensión sobre la última nómina. Dicha tasa está actualmente de media en un 80%, de las mayores de la U.E. Los expertos hablan de un recorte en torno a un 30%-40% de dicha tasa, es decir, que un trabajador se jubilará en el año 2040-2050 con un 50%-55% de su sueldo.
