La banca cooperativa Cajamar ha analizado, junto a más de un centenar de empresarios extremeños, los desafíos y oportunidades de la economía regional en un encuentro celebrado en la localidad pacense de Medellín. El foro ha puesto de relieve las fortalezas de la región, sobre todo en el sector agroalimentario especialmente dinámico en un contexto de transformación estructural de las exportaciones. Uno de los datos que reflejan esta tendencia es el crecimiento del valor añadido bruto (VAB) del agro extremeño en 2024, que se situó en un 6,2 %, frente a un aumento en el conjunto nacional del 3,7 %.
El encuentro, celebrado ayer por la tarde en el Hotel Restaurante Quinto Cecilio, fue inaugurado por el director territorial de Cajamar, Sergio Hueso, quien destacó que “el tejido empresarial extremeño ha demostrado una capacidad de innovación y adaptación en un entorno global cambiante, afrontando los retos geopolíticos que en los últimos años acompañan el devenir empresarial”. En este sentido, añadió que, “a pesar de que el pasado año fue exigente, hemos dado la bienvenida en Extremadura a 2.018 nuevas sociedades. El número de parados en diciembre descendió hasta los 68.000, lo que ha supuesto una notable caída del 10 %”.
Sergio Hueso hizo hincapié en que “Extremadura fue la comunidad autónoma que registró el mayor crecimiento de las exportaciones en España tras alcanzar los 4.074,7 millones de euros, con un incremento del 22,4 %, respecto al año anterior, y la balanza comercial se ha cerrado con un superávit de 1.872,5 millones de euros”. Y resaltó que “desde Cajamar queremos escuchar de primera mano vuestras inquietudes, retos y proyectos, convencidos de que solo a través de la colaboración podremos impulsar el crecimiento y la prosperidad de nuestra comunidad”.
Por su parte el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, subrayó el momento clave en que se encuentra Europa, marcado por la inestabilidad geopolítica, el retorno del proteccionismo y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica, también en el ámbito alimentario. En este contexto, advirtió de que “la futura reforma de la PAC debe abordarse desde una lógica estratégica, ya que el sector agroalimentario desempeña un papel social, territorial y económico clave”.
Baamonde señaló que España debe aprovechar este nuevo escenario para fortalecer su competitividad, impulsar la innovación y mejorar su posicionamiento en los mercados, apostando por la inversión, la tecnología y la generación de valor añadido, y reivindicó el papel de Cajamar en la financiación, investigación y transferencia de conocimiento al sector.
El director del Servicio de Estudios de la Fundación Grupo Cajamar, Ignacio Atance, destacó el dinamismo del sector agroalimentario extremeño en el último ejercicio, en un contexto de transformación estructural de las explotaciones. Señaló que la propuesta de reforma post-2027 introduce cambios relevantes. En este escenario, explicó que “Extremadura parte de una posición relevante tanto por el peso del sector en su economía como por su especialización productiva, confiando en que la mejora final de la propuesta pueda servir de impulso al sector regional en la respuesta a sus retos estructurales”.
En el encuentro empresarial se evidenciaron más datos que ponen de manifiesto la competitividad de la economía extremeña, y especialmente su sector agroalimentario, cuya producción alcanzó 3.655 millones de euros en 2024, lo que supone un 15,4 % del valor añadido bruto (VAB) del total de la economía regional. En cuanto al mercado de trabajo, el agro extremeño empleó a 77.229 personas, con un 1,6 % de crecimiento, en 2024 frente al 1 % del resto de España. El sector concentra el 18,8 % del empleo total de la economía regional. Los principales destinos de las ventas al exterior han sido Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Por último, Atance detalló la situación de la reforma de la Política Agraria Común que, entre otras novedades supondrá que en el próximo presupuesto europeo no habrá ‘Plan Estratégico’ de la PAC, sino un ‘Plan País’ integrado, lo que supondrá que cada país decidirá la asignación de la PAC, partiendo de un mínimo obligatorio, lo que conllevará una mayor asimetría entre Estados miembro.
