El Decreto Ley de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética afecta a prácticamente todos los sectores productivos de la sociedad española. De igual modo, tiene consecuencias directas en los ciudadanos españoles.
1.- La polémica en el debate de Decreto Ley
El Gobierno español tuvo que capear la polémica y las duras críticas de la oposición. Se llenaron los periódicos, informativos de radio y televisión y las páginas web así como las redes sociales de todo tipo de argumentos combinados con soflamas.
El Ejecutivo se había asegurado suficientes apoyos para sacar adelante la iniciativa, como finalmente acabó sucediendo, por lo que la primera consecuencia es que tanto los ciudadanos como las empresas tendrán que adaptarse a la nueva regulación.
2.- La tensión política y regional
El Decreto Ley de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética, aprobado el 25 de agosto en el Parlamento, ha sido un tira y afloja desde su misma concepción. A la amenaza de abierta rebeldía por parte de algunas autonomías se sumaba la controversia sobre su forma jurídica, que en última instancia ha obligado al Gobierno a tramitarlo como proyecto de ley.
Las tensiones políticas difuminan el buen gobierno de las administraciones e instituciones y hacen que los esfuerzos de los ciudadanos para lograr respuesta de estas se complique en demasía.
3.- Una nueva subida de los precios
Dado que las exigencias de este Decreto Ley se extienden a locales de todo tipo, como restaurantes, tiendas, talleres o bares, casi toda la masa salarial de este país se encuentra afectada.
Para el comercio tradicional, por ejemplo, supone una auténtica odisea cumplir con las exigencias. Supone desembolsar más dinero al realizar inversiones después de sufrir las consecuencias de la pandemia. La consecuencia para el ciudadano de a pie es que desde el sector hostelero anticipan que la urgencia de la norma propiciará una fuerte subida en los precios, lo que sumado a la inflación dibuja un panorama más que preocupante.
4.- Los hábitos de consumo energético
La meta última del texto es consolidar en la sociedad unos hábitos que permitan un ahorro energético sensible, por lo que la Administración no escatimará en medios para garantizar su aplicación. Ahí es donde entra el compromiso de cada uno de los ciudadanos por mejorar sus hábitos energéticos.
El Decreto Ley hace hincapié en regular las normas que conciernen a materiales, edificios, gasto de energía y medidas de ahorro. Pero, en última instancia, es el ciudadano el que tiene que preocuparse por mejorar sus hábitos de consumo de energía.
5.- El peso de las sanciones
Las sanciones encarecen más aún los presupuestos de las empresas y comercios. El decreto no las menciona directamente. Señala que se aplicará lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que a su vez remite a la Ley de Industria de 1992.
Esta fija multas de hasta 60.000 euros para las infracciones leves, un máximo de seis millones para las graves y de 100 millones para las muy graves. Las responsables son las comunidades autónomas.
La consecuencia directa es que los profesionales se van a encontrar con una nueva medida coercitiva que retrae la inversión, la mejora de las condiciones y las cuestiones de creación de empleo de calidad.
